El pasado 21 de abril el Consejo de ministros aprobó el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el principal instrumento financiero estatal para orientar las políticas de vivienda durante los próximos cinco años. Durante este periodo, estará dotado de un presupuesto de 7.000 millones de euros a partir de la cofinanciación del Estado y las comunidades autónomas. El reciente Plan supone un paso importante para la consolidación de las entidades sociales proveedoras de vivienda como agente estable reconocido en la política de vivienda.
Reconocimiento de las entidades sociales y sus líneas de financiación
El Plan reconoce a las entidades sociales de vivienda como entidades colaboradoras clave para su implementación. Esto abre la puerta a establecer acuerdos directos entre administraciones y entidades para el desarrollo de programas de vivienda social y para la adjudicación o cesión directa de inmuebles o derechos sobre los mismos.
En concreto, identifica como entidades colaboradoras, en función de su personalidad jurídica, a las entidades proveedoras o promotoras sociales de vivienda, a las organizaciones no gubernamentales, a las entidades de la economía social y a otras entidades privadas sin ánimo de lucro o de lucro limitado, especialmente aquellas que desarrollan su actividad con población en situación de vulnerabilidad residencial. Todas ellas fórmulas recogidas en la propuesta de ley impulsada por ALIVAS para regular a los proveedores sociales de vivienda.
Este reconocimiento refuerza su papel como agentes con capacidad de impulsar, gestionar y consolidar parque de vivienda social y asequible de forma estructural y a largo plazo.
Tres líneas de financiación y el papel de los proveedores sociales de vivienda
El Plan se articula en tres grandes líneas de financiación dirigidas a:
- el incremento del parque de vivienda social y asequible,
- la rehabilitación y movilización del parque existente, y
- la reducción del esfuerzo económico de los hogares para el acceso a la vivienda.
En todas ellas, las entidades sociales proveedoras de vivienda tienen reconocidos diferentes roles, ya sea como beneficiarias directas, como gestoras de vivienda o como entidades colaboradoras de las administraciones públicas.
Línea de financiación de ayudas para el fomento del incremento de la oferta de vivienda social y asequible.
Esta línea de financiación concentra al menos el 40 % del presupuesto total del Plan y constituye el eje central del nuevo marco estatal.
Adquiere especial relevancia la ayuda a la adquisición de viviendas por las organizaciones sin ánimo de lucro o de lucro limitado especializadas en vivienda, que se vayan a destinar al alquiler o cesión en uso. Con ella se podrá financiar el 70% (o el 85% en zonas de mercado residencial tensionado) de la compra de viviendas siempre que se destinen al alquiler asequible durante un periodo mínimo de 50 años. Los precios estarán limitados a 8€/m2, y las viviendas deberán dirigirse a personas con ingresos medios y bajos que no superen 5 veces el IPREM.
Se trata de un instrumento clave para fortalecer a las entidades sociales de vivienda y para impulsar el crecimiento sostenido del parque de vivienda social y asequible que gestiona el tercer sector, desde un enfoque no especulativo.
El Plan contempla asimismo ayudas a la promoción de nueva vivienda protegida para destinarla al alquiler asequible, recuperando la financiación a la construcción de vivienda social a través del Plan. Esta línea incorpora de manera explícita a los promotores sociales de vivienda, financiando hasta el 70% de la inversión y limitando los precios del alquiler de la actuación a 8€/m2.
Además, se recoge una ayuda que fomente la cesión de vivienda de particulares a Comunidades Autónomas y a entidades sociales proveedoras de vivienda, para ponerlas en alquiler asequible. La cesión deberá ser de al menos 7 años y el precio del alquiler deberá ser inferior al del sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda ni a 600 euros. La ayuda consiste en 600€ adicionales a la renta del alquiler para las personas propietarias. Las cesiones de vivienda a entidades sociales, como las que conformamos ALIVAS, supondría la ampliación del parque de vivienda que gestionamos y de la capacidad de atención a personas demandantes de viviendas pública, a personas en programas de atención social o a personas en riesgo de exclusión con rentas inferiores a 5 veces el IPREM.
Línea de financiación de ayudas para el fomento de la rehabilitación, la accesibilidad y la renovación urbana y rural
La segunda gran línea del Plan, que concentra el 30 % de los recursos, se orienta a la rehabilitación del parque existente, la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y la conservación, así como a la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible.
En este ámbito, el Plan incluye ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios para actuaciones de eficiencia energética, hasta 13.000 euros para mejoras de accesibilidad y hasta 8.000 euros para conservación. Las entidades sociales podrán ser beneficiarias, aunque no se mencione explícitamente, cuando asuman las actuaciones de renovación o sean propietarias de las viviendas a rehabilitar.
Estas líneas pueden ser clave para renovar el parque de vivienda gestionado por entidades sociales, mejorando su calidad y accesibilidad sin que ello suponga un aumento de los precios. Ayudas para reducir el esfuerzo económico en el pago de la vivienda
La tercera línea del Plan, también dotada con el 30 % del presupuesto, se dirige a reducir el esfuerzo económico de los hogares en el acceso a la vivienda, fundamentalmente a través de ayudas al alquiler generales, a jóvenes y a personas vulnerables.
Destacamos especialmente la ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Busca proporcionar una solución habitacional inmediata mediante una ayuda igual o inferior a 1000€ hasta cubrir el total del alquiler, junto con la posibilidad de una ayuda adicional de 300€ para atender los gastos de mantenimiento y suministros básicos. Si bien estas ayudas se conceden principalmente a las personas y hogares, las entidades sin ánimo de lucro o lucro limitado que trabajamos con población en situación de vulnerabilidad, también podemos ser beneficiares con el objetivo de proporcionar una vivienda a estas personas. Esto es esencial para facilitar la solicitud y gestión de la ayuda, realizar trámites burocráticos, asegurar que las ayudes lleguen a más hogares y que su percepción no incida en el aumento de precios.
Próximos pasos para un impacto estructural en el parque de vivienda social y asequible
El Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 supone un avance en la generación de un parque de vivienda social y asequible con vocación de permanencia. En este marco, el reconocimiento del papel de las entidades sociales de vivienda y su acceso a líneas de financiación abren una oportunidad estratégica para fortalecer el sector, ampliar el parque y consolidar su papel dentro del sistema de vivienda.
Ahora corresponde a las Comunidades Autónomas concretar e implementar estas ayudas en sus territorios.
Para la consecución efectiva de estos objetivos y la consolidación del parque de vivienda social y asequible será imprescindible, además, la financiación estable a largo plazo y la combinación con otros instrumentos financieros que permita a los proveedores sociales de vivienda escalar el modelo y disponer de un parque amplio que influya en los precios y haga frente a la problemática.
Desde la Alianza por la Vivienda Social y Asequible, reclamamos una rápida aplicación del Plan por parte de las Comunidades Autónomas y la incorporación de las líneas de financiación vinculadas a la adquisición de vivienda por parte de entidades sociales, la rehabilitación del parque existe para su alquiler a precios asequibles y la ayudas a personas en situación de vulnerabilidad.
