La falta de vivienda asequible y social es uno de los factores explicativos de la actual crisis habitacional. Las entidades proveedoras de vivienda social son un agente clave para generar vivienda asequible desde el no lucro. Por ello, es necesaria y urgente una regulación que impulse su desarrollo.
Las políticas públicas de vivienda en España que buscan incrementar el parque de vivienda social en alquiler (que se sitúa solamente en el 3,3% según el Observatorio de Vivienda Asequible), se han visto marcadas por los efectos de la crisis económica de 2007. Durante más de 15 años, estas políticas han enfrentado grandes desafíos, como la complejidad de la gobernanza multinivel, en la que intervienen diferentes niveles de administración (estatal, autonómico y local), y la temporalidad de los planes de vivienda. A estos factores se suman la diversidad de programas y el aumento de la vulnerabilidad de algunos grupos de población. La falta de viviendas sociales y asequibles y el constante aumento de los precios está empobreciendo a cada vez más personas, dejándolas en situación de exclusión residencial.
A pesar de los esfuerzos para mitigar esta situación, las medidas adoptadas hasta la fecha han sido desestructuradas y no se adaptan a la realidad concreta de las entidades sociales que proveen vivienda y acompañan a personas en situación de vulnerabilidad. Esto ha llevado a la necesidad urgente de una regulación específica para los proveedores de vivienda social, que mejore la eficiencia en la gestión del sector, amplíe los recursos y facilite la adopción de modelos de gestión público-social sin ánimo de lucro o con lucro limitado, siguiendo el ejemplo de otros países europeos.
Propuestas de regulación
Desde Alivas, formulamos una serie de propuestas para la regulación de los proveedores de vivienda social y asequible en España, que permita dotar de reconocimiento y apoyo legal a estas entidades, con el fin de impulsar la aparición, el crecimiento y la consolidación de los proveedores centrados en ofrecer vivienda social entendida como un servicio de interés general.
Esta propuesta contempla los requisitos que han de cumplir las entidades proveedoras de vivienda social y asequible para ser consideradas como tal, tales como no tener ánimo de lucro o lucro limitado y tener la función principal de gestionar o proveer vivienda social en España. También se recoge la normativa básica común que deberían cumplir, una propuesta de homologación y registro que otorgue seguridad y herramientas de control, así como un conjunto de ventajas fiscales, de participación en políticas de vivienda o de acceso a ayudas para el desarrollo de su actividad.
La aprobación de este marco legal ofrecería el soporte y reconocimiento necesario para el crecimiento y consolidación de estas entidades, como ha ocurrido en otros países con modelos exitosos de vivienda social y asequible como Reino Unido o los Países Bajos, donde las «Housing Associations» han demostrado ser una solución efectiva para ofrecer viviendas accesibles a la población.
A continuación, presentamos el documento completo de propuestas para la regulación de los proveedores de vivienda social.
